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justicia 1

La pensión por desequilibrio puede tener una limitación temporal si tras dicho periodo se consigue un equilibrio económico que no es igual a la igualdad entre las partes.

En muchas ocasiones nos encontramos con la pretensión de una de las partes en el litigio en el sentido de querer que se perpetúe en el tiempo una pensión por desequilibrio que hace tiempo perdió su naturaleza compensatoria.

La Audiencia Provincial de Murcia se muestra, como no podía ser de otro modo, a favor de limitar temporalmente la pensión por desequilibrio si la parte perjudicada está en situación de superar el desequilibrio inicial producido tras la ruptura matrimonial.

Ponente: IIlmo. Sr. D Juan Martínez Pérez

AUD.PROVINCIAL DE MURCIA SECCION N. 4

SENTENCIA: 00598/2013

Rollo Apelación Civil núm. 483/13

En la Ciudad de Murcia, a diez de octubre de dos mil trece.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial los autos del Juicio de Divorcio que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 9 (Familia) de Murcia, con el núm. 653/12, entre las partes: como parte actora principal y demandada en reconvención en primera instancia y apelante y apelado en esta alzada, D. Justiniano (N.I.F.: NUM000 ), en ambas instancias representado por la Procuradora Dña. Esther López Cambronero, siendo defendido por el Letrado D. Enrique Puigcerver Martínez; y como parte demandada y actora reconvencional en primera instancia y también apelante-apelado en esta alzada, Dña. Melisa (N.I.F: NUM001 ), en ambas instancias representada por la Procuradora Dña. María Belén Hernández Morales, siendo defendida por el Letrado D. José Fuentes Sebastián.

Ha sido Ponente de esta Sentencia, el Ilmo. Sr. Magistrado, D. JUAN MARTINEZ PEREZ, que expresa la convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el Juzgado de instancia citado, con fecha 9 de enero de 2013, dictó en los autos principales de los que dimana el presente Rollo la Sentencia cuya parte dispositiva dice así: ” Que ESTIMANDO parcialmente la demanda y reconvención presentadas, respectivamente, por DON Justiniano y DOÑA Melisa , debo declarar y declaro DISUELTO el matrimonio celebrado entre ambos cónyuges el día 9 de agosto de 1986 en Abanilla (Murcia), acordando como medidas las siguientes; sin hacer expresa condena en costas:

1.- Se atribuye a la esposa el uso de la vivienda familiar.

2.- El actor abonará a su esposa, en concepto de pensión compensatoria, la misma cantidad que viniera satisfaciendo conforme a la sentencia de fecha 8 de junio de 2010 del tribunal de apelación de Toulouse (Francia), dejando sin efecto el contenido de dicha resolución. Dicha cantidad se actualizará anualmente conforme a la sentencia de 27 de agosto de 2009 del Juez de Causas Familiares de Toulouse hasta el 27 de agosto de 2013 (IPC estatal francés), y a partir de dicha fecha, anualmente, conforme al IPC estatal español. ”

SEGUNDO.- Que contra la anterior sentencia y en tiempo y forma se interpusieron sendos recursos de apelación por las representaciones procesales del Sr. Justiniano y la Sra. Melisa , ésta interesaba la práctica de prueba, siéndoles admitidos. Ambas partes presentaron escritos de oposición al recurso formulado por la parte contraria y siendo emplazadas las partes y remitidos los autos a esta Audiencia, formándose el presente rollo nº 483/13, designándose Magistrado Ponente por turno, personándose en esta alzada ambas partes. Por Auto de fecha 10 de junio de 2013, se admitió en parte la prueba documental interesada, señalándose Deliberación y Votación para el día 8 de octubre de 2013.

TERCERO.- Que en la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN NOMBRE DE Dª. Melisa

PRIMERO

En el recurso de apelación interpuesto en nombre de Doña Melisa se solicita que se revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se estime la excepción de incompetencia de jurisdicción, con todas las consecuencias legales inherentes a dicha declaración. Se indica que se ha aplicado indebidamente el artículo 22 de la L.O.P.J .; que en el presente caso es de aplicación el Reglamento 2021/2003, de 27 de noviembre, en el que se establece que el lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos resida allí, es anterior y preferente a la residencia habitual del demandante; que el concepto de residencia no equivale a la mera estancia de un sujeto en un territorio, siendo lo relevante para determinar la competencia el lugar donde los cónyuges tienen sus intereses, su vínculo familiar y su centro de vida; que no es aplicación el artículo 9 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) ; que existe una situación de litispendencia en los tribunales franceses acreditada a través de las diferentes sentencias que constan en los autos, en las que se han adoptado medidas que están vigentes sobre alimentos para las hijas y contribución a las cargas del matrimonio; que el articulo 3.1 del Reglamento 2021/2003 , determina que sus normas no son de aplicación a la reclamación de alimentos, ya que en materia de alimentos rige el Reglamento 4/2009, del Consejo, de 18 de diciembre de 2008; que el criterio de atribución de la competencia fijado en el artículo 22.3 de la L.O.P.J ., en favor de los Juzgados y Tribunales españoles, cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, tiene carácter subsidiario respecto de la normas internacionales, y que no es de aplicación preferencial cuando el otro cónyuge es también español pero reside fuera del territorio nacional y la demanda de divorcio no se formula de mutuo acuerdo o por uno con el consentimiento del otro.

La sentencia de instancia desestima la excepción de incompetencia de jurisdicción con base en que los Tribunales españoles son competentes en razón al domicilio del demandante y la nacionalidad de los contrayentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la L.O.P.J .

SEGUNDO

A los efectos de resolver sobre la excepción de incompetencia de jurisdicción, hay que indicar, tras el examen de los autos, que las partes litigantes en el procedimiento de divorcio, actor, D. Justiniano , y Doña Melisa , demandada y reconviniente, tienen la nacionalidad española, residiendo en España, D. Justiniano desde el año 2004, concretamente en la ciudad de Murcia. La demanda de divorcio se presentó el 12 de abril de 2012.

La falta de competencia internacional viene regulada en el art. 36 de la L.E.C ., que a su vez se remite a la L.O.P.J. y convenios internacionales en los que España sea parte.

En el artículo 22.3 , de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio ( RCL 1985, 1578 y 2635) , del Poder Judicial , se establece: “(…) en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro (…) “.

Así, respecto a la competencia judicial internacional en materia de separación/divorcio, la norma principal aplicable es el Reglamento 2201/2003 de 27 de noviembre de 2003 ( LCEur 2003, 4396 ) relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, seguida de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que si ningún Tribunal de un Estado miembro, concretamente un Tribunal español, no es competente para conocer de la acción de separación, divorcio o nulidad, tendríamos que acudir, subsidiariamente, a los foros de competencia determinados o establecidos en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.)

En el artículo 3 del Reglamento núm. 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 , relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, se establece: <

a) En cuyo territorio se encuentre:

– la residencia habitual de los cónyuges, o

– el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o

– la residencia habitual del demandado, o

– en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o

– la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o

– la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su domicilio;

b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del domicilio común>> .

A la luz de los hechos acreditados y de los preceptos citados, procede desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción, ya que los Tribunales españoles son competentes para conocer de la demanda de divorcio, tanto de acuerdo con lo establecido en el Reglamento citado, como de la L.O.P.J., siendo de aplicación también la ley sustantiva española en materia de divorcio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) .

Que no obstante la desestimación de la excepción de incompetencia, y con base en las propias alegaciones que se formulan en el recurso y el Reglamento nº 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008, se considera que la sentencia de instancia y objeto del recurso de apelación, no puede dejar sin contenido la sentencia del Tribunal de Apelación de Toulouse de fecha 8 de junio de 2010 , como se acuerda en la parte dispositiva, ya que los Tribunales españoles no tienen competencia para modificar las resoluciones judiciales dictadas por Tribunales extranjeros, y ello sin perjuicio de los derechos que pueda ejercitar D. Justiniano ante los Tribunales franceses con motivo de la sentencia de divorcio dictada por los Tribunales españoles y, en su caso, del reconocimiento de la pensión compensatoria.

Procede, pues, estima parcialmente el recurso de apelación formulado en nombre de Doña Melisa , sin pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas por el recurso de apelación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 398 y 394 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) .

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN NOMBRE DE D. Justiniano

TERCERO

En el recurso de apelación interpuesto en nombre de D. Justiniano se pretende que se revoque la sentencia de instancia, dictándose en su lugar otra por la que se acuerde, con efectos desde el 9 de enero de 2013 fecha de la sentencia de divorcio, la improcedencia de la pensión compensatoria a favor de la esposa, con devolución al apelante de las cantidades recibidas por la Sra. Melisa en concepto de pensión compensatoria. Subsidiariamente, se pretende que se revoque la sentencia, en el sentido de que la pensión compensatoria se actualizará anualmente conforme a la sentencia de 27 de agosto de 2009 del Juez de Causas Familiares de Toulouse, hasta el primero de julio de 2013 (IPC estatal francés) y a partir de dicha fecha, anualmente conforme al IPC estatal español. Se alega error en la apreciación de las pruebas e infracción del artículo 97 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) en cuanto al establecimiento de la pensión compensatoria, cuantía y por falta de motivación. En síntesis, se indica que no se ha razonado sobre los ingresos y patrimonio que tienen las partes; que no se han confrontado las situaciones económicas al tiempo de la ruptura de la convivencia para apreciar si existe o no situación de desequilibrio económico, ni los demás factores a tener en cuenta; que se fundamenta la pensión compensatoria en la sentencia de 8 de junio de 2010 del Tribunal de Apelación de Toulouse, que estableció una pensión por cargas por importe de 2.500 €; que la pensión por alimentos y por las cargas no pueden sustituir a la pensión compensatoria; que no concurren los requisitos exigidos por el artículo 97 del Código Civil ; que la Sra. Melisa tiene en la actualidad 54 años y cuando se produjo la ruptura de la convivencia matrimonial tenía 45 años, que goza de buena salud, que no ha trabajado por su falta de voluntad, que tiene formación universitaria, con cursos de postgrado. En cuanto a la situación económica y patrimonial de la Sra. Melisa , se indica que supera el millón de euros, que es propietaria de una vivienda unifamiliar en Toulouse y del 50% de las participaciones de sociedad civil inmobiliaria 12M; que es propietaria del 50% del patrimonio ganancial; que el valor de las participaciones sociales es de 571.822 € para cada uno de ellos; que la Sra. Melisa ha recibido diversos bienes por título de herencia de su abuela paterna, que ha recibido bienes de su madre, al menos dos viviendas y tres fincas en el municipio de Abanilla. En cuanto a la situación económica del apelante se refieren los ingresos durante su actividad empresarial, la venta de la sociedad MUTHA, S.A., que la cantidad recibida por ésta se encuentra invertida mediante contrato de seguro de vida con Generali Patrimonio, ascendiendo a fecha 31 de diciembre de 2011 a 3.385.770 €, que los intereses obtenidos ascendieron a 98.614 €, que las prestaciones que abona por las diversas resoluciones judiciales ascienden a 112.816 €. Se citan diversas resoluciones relativas a la pensión compensatoria de Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo. Finalmente, se alega error en cuanto a la forma establecida de actualización de la pensión compensatoria.

La sentencia recurrida establece en favor de la esposa una pensión compensatoria a cargo del actor por la misma cantidad que venía satisfaciendo conforme a la sentencia de fecha 8 de junio de 2010 del Tribunal de Apelación de Toulouse (Francia), dejando sin efecto el contenido de dicha resolución, y que dicha cantidad se actualizará anualmente conforme a la sentencia de 27 de agosto de 2009 , del Juez de Causas Familiares de Toulouse, hasta el 27 de agosto de 2013 (IPC estatal francés) y a partir de dicha fecha anualmente conforme al IPC estatal español. Se indica que la resolución de fecha 8 de junio de 2010 del Tribunal de Apelación de Toulouse (Francia) estableció una pensión por cargas en favor de la esposa por 2.500 € mensuales, resolución que establecía los ingresos del ahora actor en 122.000 € anuales y que valorando las otras cargas asumidas por el esposo, fijaba la contribución a las necesidades de la esposa. Que dicha resolución constituye el fundamento de la pensión por desequilibrio reclamada al no haber acreditado el esposo que sus ingresos sean inferiores a los que el Tribunal francés tomó en consideración para fijar aquella prestación, debiéndose fijar la misma cantidad como prestación compensatoria.

CUARTO

Que a efectos de resolver sobre la procedencia o no de la pensión compensatoria hay que referir, tras el examen de los autos, los siguientes particulares:

A) Que las partes litigantes contrajeron matrimonio el 9 de agosto de 1986, habiendo tenido lugar la ruptura matrimonial en el año 2003. Doña Melisa nació el NUM002 de 1958, teniendo en la actualidad 54 años, no constando que desarrollara actividad laboral en el año 2003 ni en fecha de interposición de la demanda, 12 de abril de 2012.

B) La liquidación de la sociedad de gananciales se produjo el 26 de marzo de 2001, habiéndose dictado sentencia el 27 de noviembre de 2007, por el Juzgado de Primera Instancia de Toulouse, declarando que el reparto efectuado en la fecha indicada había resultado perjudicial para Doña Melisa , condenando a pagar a D. Justiniano un complemento de 2.606.311,37 €.

C) La sentencia del Tribunal de Apelación de Toulouse de fecha 8 de junio de 2010 establece que D. Justiniano debe satisfacer a Doña Melisa en concepto de contribución a las cargas la cantidad de 2.500 € al mes, estimándose los ingresos netos del actor en 122.000 €.

D) Como datos más significativos relativos a la situación económica del actor y apelante, hay que indicar que tiene contrato en Generali Patrimonio a fecha 31/12/2011 por un importe de 3.385.770 ,89 €, habiendo devengado en ejercicio 2011 unos intereses por importe de 98.614,70 €; saldo en Credit Agrícole por importe de 78.523 €. Según certificación obrante al folio 263, tomo II, D. Justiniano , en fecha 30 de julio de 2003, vendió 1932 acciones de la sociedad de la que era titular a MUTHA FINANCIERE por importe de 7.756.000 €, cifrándose el importe neto de la operación a su favor en la cantidad de 5.638.852 €. D. Justiniano tiene una participación del 50 % en la sociedad SCI 12 M, valorada dicha participación en 177.049 €, correspondiendo igual cantidad a su esposa, constando acreditado que por beneficios del ejercicio 2011 y a cuenta, percibió unos dividendos por importe de 38.000 €, según se desprende de los documentos aportados por él mismo. En la cuenta nº 000519560, del Banco Sabadell, a nombre de D. Justiniano , en fecha 4-11-2008, figura abono por importe de 530.000 €, y en fecha 7-5-2009 otro ingreso por importe de 542.922 €, con un saldo a fecha 9-2-10, por importe de 355.368,78 €. En la cuenta nº NUM003 figura abono de 286.610 € y otro abono por importe de 100.000 € en fechas, respectivas, de 1-8-2008 y 28-5-2009. En las declaraciones del IRPF de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, respectivamente, declaró unos rendimientos por capital mobiliario por importes de 83.551,64 €, 445.395,83 €, 22.277,03 € y 26.159,5 €. Asimismo D. Justiniano es propietario de diversos inmuebles.

E) En cuanto a la capacidad económica de la demandada y reconviniente hay que manifestar que Doña Melisa tienen una participación de un 50% en la sociedad inmobiliaria 12M, considerándose acreditado que la misma ha percibido beneficios por dividendos, cifrados en la cantidad de 38.000 €, a percibir en el 2012, por beneficios del 2011 y a cuenta, según se desprende de los documentos aportados; que lógicamente le pertenece el importe del valor de la participación, si bien esta valoración es distinta, según las partes; que es propietaria de una vivienda, sita en Toulouse, en la que reside, valorada por la misma en 400.000 €, y que además es titular del 50% del patrimonio ganancial liquidado en el año 2001, es decir, mucho antes de la ruptura matrimonial, teniendo reconocido a su favor el derecho a un complemento por lesión patrimonial causado en la liquidación, según resoluciones de los Tribunales franceses.

El artículo 97 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) establece: “El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 1ª) Los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges. 2ª) La edad y estado de salud. 3ª) La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 4ª) La dedicación pasada y futura a la familia. 5ª) La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 6ª) La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 7ª) La pérdida eventual de un derecho de pensión. 8ª) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 9ª Cualquier otra circunstancia relevante.

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.”

La sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 3-10-2008 , declara: “La pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil tiene una finalidad reequilibradora, y de la existencia de desequilibrio depende el reconocimiento del derecho, con independencia de su duración” . Según la Sentencia de 28 de mayo de 2005 , “Responde a un presupuesto básico: el efectivo desequilibrio económico, producido con motivo de la separación o el divorcio (no es la nulidad matrimonial), en uno de los cónyuges, que implica un empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio”. Constituye su presupuesto esencial “la desigualdad que resulta de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura. No hay que probar la existencia de necesidad -el cónyuge más desfavorecido en la ruptura de la relación puede ser acreedor de la pensión aunque tenga medios suficientes para mantenerse por si mismo-, pero sí ha de probarse que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge. Pero tampoco se trata de equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad o igualdad absoluto entre dos patrimonios”. La STS de fecha 25 de noviembre de 2011 , declara: “Se ha dicho repetidamente por esta Sala que la pensión compensatoria está concebida en la ley como un medio para evitar el desequilibrio producido en uno de los cónyuges por la separación o el divorcio, pero ello no implica que sea un medio para lograr la igualación entre los cónyuges ( STS 864/2010, de 19 enero ( RJ 2010, 417 ) , entre otras) “. La STS de 17-7-2009 declara: “De ello se deduce que no es posible afirmar que cuando ambos cónyuges sean independientes económicamente no hay pensión en ningún caso, porque a pesar de ello, puede haber desequilibrio. Solo dejará de nacer el derecho a la pensión cuando se produzca una situación equilibrada, lo que no significa igual, ya que pueden trabajar ambos y producirse un desequilibrio cuando los ingresos de uno y otro sean absolutamente dispares “.

La STS de 3-10-2008 , en cuanto a la limitación temporal establece : <> .

La STS de 21 de junio de 2013 , también en cuanto a la limitación temporal refiere: <<Según esta doctrina, el establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo ésta una exigencia o condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97 CC (que según la doctrina de esta Sala, fijada en STS de 19 de enero de 2010 , de Pleno), luego reiterada en SSTS de 4 de noviembre de 2010 , 14 de febrero de 2011 , 27 de junio de 2011 y 23 de octubre de 2012 , entre las más recientes, tienen la doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y, una vez determinada la concurrencia del mismo, la de actuar como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión), que permiten valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre .

En la misma línea, las SSTS de 9 y 17 de octubre de 2008 , mencionadas por las más recientes de 28 de abril de 2010 y 4 de noviembre de 2010 , afirman que las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, deben ser respetadas en casación siempre que aquéllas sean consecuencia de la libre y ponderada valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97CC y que han de servir, tanto para valorar la procedencia de la pensión como para justificar su temporalidad, siendo posible la revisión casacional únicamente cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia>> .

Que a la vista de los datos antes referidos, de lo dispuesto en el articulo 97 del Código Civil y de la jurisprudencia que interpreta éste, procede mantener la pensión compensatoria acordada en instancia, por el importe de 2.500 €, si bien con la limitación temporal que se fijará, pues se estima que la ruptura de la convivencia matrimonial provocó un desequilibrio económico a Doña Melisa , con empeoramiento en relación con la situación existente durante el matrimonio, conclusión esta que se desprende de la propia prestación reconocida en favor de Doña Melisa por la cantidad de 2.500 € por los Tribunales franceses por cargas matrimoniales, si bien este concepto se considera que tiene una naturaleza distinta a la pensión compensatoria prevista en el artículo 97 del Código Civil . La cantidad de 2.500 € se considera equitativa y ponderada en función de la capacidad económica de D. Justiniano , puesta de manifiesto en los datos antes referidos.

La situación de desequilibrio económico existió al tiempo de la ruptura matrimonial, estando además justificado el reconocimiento de la pensión compensatoria por la propia duración del matrimonio y el cuidado prestado a la familia, por la edad de Doña Melisa , por su falta de actividad laboral de manera propia e independiente, al margen de la colaboración en los negocios familiares; por la falta de ingresos fijos y estables de la misma, ya que los dividendos procedentes de la sociedad inmobiliaria no tienen esta naturaleza, pues pueden variar o ser inexistente en función de los beneficios de la entidad, y también por el hecho acreditado de que no percibe la misma ninguna prestación.

Acreditada la concurrencia de la situación de desequilibrio económico producida por la ruptura matrimonial, y con ello el derecho a la pensión compensatoria, procede establecer, no obstante, una limitación temporal a la pensión compensatoria señalada en instancia, por el plazo de cinco años, y con inicio este desde la fecha de la sentencia de primera instancia, 9 de enero de 2013, pues se considera que dicha limitación temporal está justificada, ello teniendo en cuenta la edad de Doña Melisa , de 55 años en la actualidad; los diecisiete años de duración del matrimonio; los ingresos económicos con los que cuenta por su participación en la entidad 12M, derivados de los beneficios de la misma; la elevada cantidad que le ha sido reconocida como consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales y su propia participación en los negocios familiares, circunstancia estas que, valoradas en su conjunto, permiten sostener de manera razonable que Doña Melisa está en situación de superar la situación de desequilibrio económico producida por la ruptura matrimonial durante el plazo referido.

La pensión compensatoria reconocida a favor de Doña Melisa , por el importe de 2.500 €, será actualizable anualmente, a partir del mes de enero de 2.014, según el IPC, no habiendo lugar a la pretensión subsidiaria formulada, pues la actualización conforme a la resolución del Tribunal de Toulouse, no tiene sentido una vez que se sostiene que el procedimiento seguido en España tiene un objeto distinto al seguido en Francia, siendo distinta, asimismo, la naturaleza de la pensión compensatoria a la cantidad fijada por cargas familiares por los Tribunales franceses.

Procede, pues, estimar en parte el recurso de apelación interpuesto en nombre de Justiniano .

QUINTO

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398 y 394 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) no hay lugar a un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas de apelación devengadas por el recurso interpuesto en nombre de D. Justiniano , ello al estimarse parcialmente el mismo.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Belén Hernández Morales en nombre y representación de Dña. Melisa , debemos declarar y declaramos que se deja sin efecto lo acordado en la sentencia de instancia en el particular que a su vez deja sin efecto el contenido de la sentencia del Tribunal de Apelación de Toulouse de 8 de junio de 2010 , sin pronunciamiento expreso en cuanto a las costas devengadas por este recurso.

Que estimando en parte el recurso de apelación formulado por la Procuradora de los Tribunales Dña. Esther López Cambronero en nombre y representación de D. Justiniano , debemos revocar y revocamos en parte la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado- Juez, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 9 (Familia) de Murcia en fecha 9 de enero de 2013 , en los autos de Juicio de Divorcio seguidos ante el mismo con el número 653/12, en cuanto por la presente se acuerda mantener la pensión compensatoria señalada en instancia por importe de 2.500 €, mensuales, si bien por un plazo de cinco años, a computar este desde la sentencia de instancia, 9 de enero de 2013, y con actualización anual según el IPC, siendo la primera en enero de 2014. En todo lo demás se mantiene el pronunciamiento de instancia. No hay lugar a un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta Sentencia cabe interponer los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el plazo de VEINTE días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J ., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO, en la cuenta de este expediente 3107 indicando, en el campo “concepto” la indicación “Recurso” seguida del código “06 Civil-Casación” o “04 Civil-Extraordinario por infracción procesal”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación “recurso” seguida del código “06 Civil-Casación” o “04 Civil-Extraordinario por infracción procesal”.

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.