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dinero 3El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sentencia de fecha 29 de noviembre del año pasado, resolvió favorablemente a la concesión de una pensión de viudedad en caso de divorcio en un supuesto en que la Seguridad Social había denegado la prestación por no acreditarse la cuantía de la pensión compensatoria mediante documento de pago o cualquier medio admitido en derecho.

Es necesario recordar que el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social para el caso de separación o divorcio, condiciona la pensión de viudedad a quién sea o haya sido cónyuge del fallecido al cumplimiento de una serie de requisitos, y entre ellos y para los separados o divorciados, el que efectivamente el cónyuge supérstite sea acreedor de una pensión compensatoria que efectivamente perciba.

La novedad jurisprudencial estriba en la forma de acreditar el efectivo cobro de la pensión compensatoria, pues se considera probado el pago efectivo de la misma mediante la declaración del hijo común que manifiesta que el padre le pagaba en efectivo dicha pensión para que se la entregara a su madre en metálico.

Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala de lo Social)
Recurso de Suplicación núm. 1981/2013
SENTENCIA: 02323/2013 en recurso de suplicación 1981/2013

En OVIEDO, a veintinueve de Noviembre de dos mil trece.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. ASTURIAS, formada por los Ilmos. Sres. D. JOSE ALEJANDRO CRIADO FERNÁNDEZ, Presidente, Dª MARÍA VIDAU ARGÜELLES y D. JESÚS MARÍA MARTÍN MORILLO, Magistrados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836 ) ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL PUEBLO ESPAÑOL ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el RECURSO SUPLICACION 0001981/2013, formalizado por el LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, en nombre y representación de INSS, contra la sentencia número 259/2013 dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de GIJON en el procedimiento DEMANDA 0000257/2013, seguidos a instancia de Edurne frente a INSS, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JESÚS MARÍA MARTÍN MORILLO.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Dª Edurne presentó demanda contra INSS, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 259/2013, de fecha diez de Julio de dos mil trece .

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados:

1º.- Doña Edurne, con DNI nº NUM000 contrajo matrimonio con D. Luciano el 14 de abril de 1973.

2º.- Por sentencia de 21 de septiembre de 2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Gijón se decretó el divorcio de los cónyuges. En la misma se estableció a favor de la actora una pensión compensatoria de 350 euros mensuales, actualizable anualmente con el índice de precios al consumo cada mes de agosto.

3º.- El IPC de los últimos años ha evolucionado de la siguiente manera:

2007 4,2%
2008 1,4%
2009 0,8%
2010 3,0%
2011 2,4%
2012 2,9%

4º.- La demandante venía percibiendo la pensión compensatoria en metálico y a través de la mediación del hijo habido constante el matrimonio, que entregaba a su madre el dinero que, previamente, le había confiado su padre.

5º.- El Sr. Luciano falleció el 9 de diciembre de 2012.

6º.- La actora solicitó pensión de viudedad por escrito presentado el 18 de diciembre de 2012 ante la diciembre de 2012 ante la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social que, por resolución de 14 de enero de 2013 denegó la prestación solicitada.

7º.- La demandante presentó reclamación previa el 15 de febrero del año en curso, desestimada por resolución de 25 de febrero del corriente.

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

ESTIMAR la demanda interpuesta por Doña Edurne, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social declarado el derecho de la actora a percibir una pensión de viudedad del causante D. Luciano , en la cuantía de 400 euros mensuales sin perjuicio de complementos a mínimos, actualizaciones y revalorizaciones que procedan.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la representación letrada de INSS formalizándolo posteriormente. Tal recurso no fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 31 de octubre de 2013.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 14 de noviembre de 2013 para los actos de votación y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Frente a la sentencia de instancia que, estimando la demanda, revocó la resolución administrativa reconociendo el derecho de la actora a percibir las prestaciones de muerte y supervivencia por ella solicitadas, se alza en suplicación la Letrado de la Administración de la Seguridad Social y, al amparo del Art. 193.b ) y c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) , reguladora de la Jurisdicción Social , pretende su revocación y, en definitiva, la integra desestimación de la demanda.

SEGUNDO

Se interesa en un primer motivo la modificación de los hechos probados y, más concretamente, de los ordinales cuarto y sexto. En el primer caso con la pretensión de que se suprima la frase que dice: “La demandante venía percibiendo la pensión compensatoria en metálico a través de la mediación del hijo habido constante matrimonio, que entregaba a su madre el dinero que previamente le había confiado su padre”, por considerar que dicha afirmación es un concepto jurídico predeterminante del fallo.

Los artículos 97.2 de la L.R.J.S . y 209-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) establecen los términos en que el Juez debe redactar la sentencia, con lo que en el lugar reservado a los hechos probados no deben introducirse valoraciones jurídicas, máxime si las mismas son predeterminantes del fallo, ya que éstas tienen su lugar reservado en la fundamentación jurídica de la sentencia. A este respecto la jurisprudencia (por todas, SSTS de 17-6-93 y 17-4-96 ) ha declarado la improcedencia de la inclusión en los hechos probados de las sentencias de conceptos jurídicos predeterminantes del fallo, si bien el Alto Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que la inclusión de los mismos en los hechos probados conduce a tenerlos por no puestos, y no a la nulidad de la sentencia, de acuerdo con los principios de economía procesal y de conservación de los actos judiciales ( SSTS de 20-5-1987 , 2-6-1987 y 4-4-1991 ).

Para determinar si una concreta afirmación vertida en un litigio tiene carácter fáctico y, por ende, puede ser incluida en el relato de hechos declarados probados en una sentencia de instancia o, por el contrario, constituye una valoración jurídica, impropia de figurar en un hecho probado en aplicación de la doctrina expuesta, habrá que considerar si para llegar a tal conclusión valorativa resulto necesario aplicar una norma jurídica o, más bien, nos encontramos simplemente ante el uso del lenguaje corriente o en el propio de la semántica judicial.

Pues bien al presente es claro que para establecer como hecho probado que un padre entregaba mensualmente una determinada suma de dinero a su hijo con el fin de que este, a su vez, se la hiciera llegar a su madre, no es necesario recurrir a ningún tipo de razonamiento jurídico, al tratarse de un hecho extrajurídico ocurrido fuera del proceso y verificable mediante la experiencia, sin necesidad de acudir a calificaciones o valoraciones jurídicas. Cosa diversa es que para describir este hecho controvertido se haya hecho uso de una expresión propia del lenguaje jurídico como es el de “pensión compensatoria”, concepto que en la medida que puede resultar anticipatorio del fallo habrá que tener por no puesto.

En el caso del ordinal sexto lo que pretende es que se complete el expresado hecho probado con el siguiente párrafo: “Se denegó la prestación solicitada por no acreditarse en la vía administrativa la cuantía de la pensión compensatoria, mediante documento de pago o cualquier medio admitido en derecho. No costando que el causante dedujera la pensión compensatoria de la declaración de la renta”.

El motivo no puede prosperar pues las razones o argumentos empleados por la Entidad Gestora para denegar la prestación solicitada a los que alude el motivo y que, en definitiva, constituyen el objeto del presente debate ya aparecen resumidos en el fundamento de derecho primero de la resolución impugnada; aparte de que el documento invocado como revisorio -la resolución administrativa impugnada- ni es documento idóneo ni sirve para acreditar o para desvirtuar el hecho de que el causante viniera descontando el importe abonado en concepto de pensión compensatoria a la demandante en las liquidaciones anuales del IRPF, circunstancia esta que, por lo demás, puede resultar relevante en el ámbito de la Administración Tributaria pero que resulta esta ajena y carece de la necesaria significación para resolver la materia litigiosa.

TERCERO

Se censura en un segundo motivo la infracción, por errónea interpretación, del Art. 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social , en cuanto dispone “En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) y ésta quedara extinguida a la muerte del causante”.

Considera que en el supuesto analizado no se cumplen los criterios para reconocer a la demandante el derecho a percibir la pensión de viudedad puesto que no solo debe probarse que exista un pacto en el que se acuerde el pago de la pensión compensatoria sino que debe de cumplirse el pago hasta el fallecimiento del causante, tesis que viene avalada por la exposición de motivos de la Ley 40/2007 ( RCL 2007, 2208 ) a cuyo tenor ” El acceso a la pensión de viudedad de las personas separadas judicialmente o divorciadas queda condicionado a la extinción por el fallecimiento del causante de la pensión compensatoria a que se refiere el art. 97 del Código Civil “; añadiendo que, dada la naturaleza de esta pensión, esta se halla sometida al principio dispositivo lo que permite su renuncia ex Art. 6.2 del código civil , por lo que resulta justificado que la entidad gestora solicite a la beneficiaria que acredite el percibo de la pensión y no es una prueba imposible sino que se puede obtener a través de la declaración de la renta que aquí no se ha aportado; extendiéndose seguidamente en diversas consideraciones sobre la valoración de la prueba llevada a cabo en la instancia.

La sentencia de instancia estima la demanda de la actora declarando que la demandante no solamente es acreedora de una pensión compensatoria por haberse así pactado en el convenio regulador del divorcio decretado por la resolución de 21 de septiembre de 2007 por el Juzgado de primera instancia núm. 9 de Gijón por importe de 350 euros mensuales, actualizable anualmente con el índice de precios al consumo en el mes de agosto, sino que, como resulta del relato fáctico la venia efectivamente percibiendo en mano en el momento del fallecimiento del causante.

La cuestión relativa a si la ausencia de prueba documental que acredite el abono de la pensión compensatoria es por sí sola dato bastante para concluir que ha existido una renuncia tácita a la percepción por parte de la beneficiaria o si, por el contrario, el precepto que se denuncia como infringido solamente condiciona el nacimiento del derecho de la actora a que se sea acreedor de la pensión compensatoria, sin que resulte exigible prueba adicional alguna al beneficiario, ha sido analizada y resuelta por esta Sala, entre otras, en las sentencias de 20 de septiembre de 2012 (rec. 1554/12 ), 15 de marzo y 28 de Junio del 2013 ( rec. 83/13 y 927/2013 ) en el sentido de considerar que “…la mera ausencia de constancia documental del abono de la pensión compensatoria , no puede llevar a concluir que la accionante hubiese renunciado a la percepción de dicho concepto. En cualquier caso, el tenor literal del precepto que se dice infringido solo condiciona el derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente a que sean acreedoras de la pensión compensatoria , lo que en este supuesto está plenamente acreditado, no exigiendo formalidad o prueba adicional alguna al beneficiario de la pensión de viudedad.”

En el presente supuesto, habiéndose mantenido en su integridad el relato fáctico de la sentencia impugnada, el motivo de censura jurídica no puede merecer favorable acogida por cuanto no solamente consta acreditado el titulo jurídico por el que se constituyó la obligación de abonar la pensión compensatoria sino que también se verifica el hecho de que el causante, por intermedio de su hijo, vino abonando regularmente tal pensión a la actora en los términos que se habían pactado. Por consiguiente, habiendo resuelto nuestras reseñadas sentencias que en tales casos no se precisaba de la prueba documental pretendida por la Gestora, la misma solución procede adoptar ahora, por elementales razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley ( arts. 9.3 y 14 de la Constitución española ), al no acreditar la recurrente – como le incumbe ex Art. 217.3 de la LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) – la alegada renuncia de la Sra. Edurne a la pensión compensatoria de la que era acreedora.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S

Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la Letrado de la Administración de la Seguridad Social contra la sentencia dictada el día 10 de julio de dos mil trece por el Juzgado de lo Social núm. Uno de Gijón , en los autos núm. 257/13, seguidos a instancia de Dª Edurne contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre prestaciones de muerte y supervivencia, y en consecuencia confirmamos la resolución impugnada en todos sus pronunciamientos.