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El Tribunal Superior de Justicia de Aragón en su sentencia analiza la procedencia en el reconocimiento de pensión de viudedad aún no existiendo pensión compensatoria tras sentencia de divorcio.
El TSJ llega a la conclusión que ha de primer la interpretación literal del artículo 174.2 de la Ley General de la Seguridad Social pues al haberse probado la existencia de violencia de género en el momento de la separación, forzoso es concluir que concurren los requisitos para el devengo de la pensión de viudedad aun no habiendo existido pensión compensatoria a favor del cónyuge supérstite.
Es decir que la simple acreditación de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio, convierte per se a la mujer en acreedora de la pensión de viudedad si reúne el resto de requisitos legales, sin necesidad que al momento de la muerta estuviera cobrando pensión compensatoria.
 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Social)
Recurso de Suplicación núm. 479/2013
SENTENCIA: 00526/2013 (en recurso sobre los autos 27/2013 del Juzgado de lo Social nº 1 de Teruel)
En Zaragoza, a seis de Noviembre de dos mil trece.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los Sres. indicados al margen y presidida por el primero de ellos, pronuncia en nombre del REY esta
S E N T E N C I A
En el recurso de suplicación núm. 479 de 2.013 (Autos núm. 27/2.013), interpuesto por la parte demandada INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Teruel, de fecha dos de julio de dos mil trece ; siendo demandante Dª Carina , sobre pensión de viudedad. Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Según consta en autos, se presentó demanda por Dª Carina , contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre pensión de viudedad, y, en su día, se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social de Teruel, de fecha dos de julio de dos mil trece , siendo el fallo del tenor literal siguiente:
“Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Carina contra Instituto Nacional de la Seguridad Social, debo declarar y declaro el derecho de la Sra. Carina al percibo de la prestación de viudedad, con base reguladora de 458,34 euros mensuales, más ulteriores revalorizaciones y mejoras y con efectos económicos desde el 15 de noviembre de 2.012 y debo condenar y condeno al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a su reconocimiento y abono y a pasar por la declaración anterior.”
SEGUNDO .- En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los del tenor literal:
“PRIMERO.- Dña. Carina contrajo matrimonio con D. Borja en fecha 23-02-1.985. Fruto del matrimonio nacieron dos hijas, Lorenza (1.985) y Luz (1.996).
SEGUNDO.- En fecha 19-09-2.000, el Juzgado de 1ª Instancia de Alcañiz, dictó sentencia de separación matrimonial, adjudicando la guarda y custodia de los hijos a la actora, sin derecho a pensión compensatoria.
TERCERO.- D. Borja falleció en fecha 28-08-2.012.
CUARTO.- Iniciado expediente de viudedad, INSS denegó a la actora la prestación de viudedad por no tener derecho en el momento del fallecimiento, a la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Cº Civil , conforme al artículo 174.2.1º de la LGSS ( RCL 1994, 1825 ) .
QUINTO.- Interpuesta reclamación previa, fue desestimada.
SEXTO.- Desde los años 1.994-1.995, la actora venía sufriendo empujones, amenazas, insultos y bofetadas por parte de su marido, sin haber presentado denuncia. En fecha 24-01-1.999 la actora presentó su primera denuncia por malos tratos, ante la Policía Nacional de Barcelona, habiendo requerido el día anterior, presencia policial para poder salir de su domicilio por las continuas amenazas de muerte que estaba recibiendo. En fecha 12-01-2.000, la actora presentó nueva denuncia por malos tratos, ante la Guardia Civil de Alcañiz, quien finalmente se presentó en el domicilio de la pareja, donde se encontraba el Sr. Borja , que había causado daños al mobiliario de la vivienda y al coche de la actora. Además el Sr. Borja opuso resistencia activa a la pareja de servicio.
SÉPTIMO.- Durante el tiempo referido, el Sr. Borja insultó y amenazó continuamente a la actora y la golpeó en numerosas ocasiones, incluso estando embarazada de la segunda hija.
OCTAVO.- La actora nunca continuó adelante con las denuncias de malos tratos, por el miedo a las amenazas del Sr. Borja y la familia política, de etnia gitana, para los cuales, en caso de separación, los hijos son del padre.
NOVENO.- A consecuencia de tales hechos, la actora y sus dos hijas recibieron alojamiento de emergencia a cargo del Instituto Aragonés de la Mujer, los días 12, 13 y 14 de enero 2.000.
DÉCIMO.- Por tales hechos, la actora recibió asistencia psicológica durante todo el año 2.000.
DECIMOPRIMERO.- La base reguladora de la prestación solicitada es la suma de 458,34 euros mensuales y la fecha de efectos el 15-11-2.012.”
TERCERO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandada, siendo impugnado dicho escrito por la parte demandante.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
.- El recurso de la Gestora impugna la sentencia dictada, mediante la formulación de Motivos de revisión fáctica y de infracción jurídica, para que se revoque la misma y se declare desestimada la pretensión de pensión de viudedad como víctima de violencia de genero formulada en la demanda.
SEGUNDO
.- Por el cauce procesal previsto en el ap. b) del art. 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) , reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS ), pretende el recurso la revisión del Hecho Probado Segundo de la sentencia, con apoyo probatorio en la documental que señala. La revisión es innecesaria: la sentencia da cuenta de la sentencia de separación matrimonial y de la inexistencia de pensión compensatoria, sin que la recurrida declare en modo alguno que dicha sentencia de separación haga mención alguna a posible violencia de género.
TERCERO
.- Al amparo del art. 193 c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ( RCL 2011, 1845 ) , reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS ), denuncia el recurso infracción de lo dispuesto en el art. 174 .2 de la ley General de la Seguridad social y la Disposición Final Tercera de la ley 26/2009, de 23 de diciembre , entendiendo que la situación acreditada no es la contemplada en la norma que establece la pensión litigiosa de viudedad.
La jurisprudencia se ha expresado con claridad a favor de una interpretación literal de la norma. Así, la STS de 5-2-2013 ( RJ 2013, 2860 ) , rcud. 929/12 : “tras la redacción proporcionada por la DF Tercera .10 de la Ley 26/2009 [23/Diciembre ], el art. 174.2 LGSS ( RCL 1994, 1825 ) pasó a tener como redacción la de que para lucrar pensión de viudedad «…En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio… ».
…el legislador no explicita en su Preámbulo las razones que le llevaron a la modificación del precepto y a la dispensa del requisito -pensión compensatoria- para las personas que acreditasen ser víctimas de violencia de género en el momento de la ruptura matrimonial, razón por la cual en la determinación del alcance de la norma hemos de prescindir de ese valioso componente interpretativo de orden finalístico que es la exposición de motivos y hemos de atender exclusivamente a las usuales reglas hermenéuticas que nos proporciona el art. 3 del CC ( LEG 1889, 27 ) …En este orden de cosas, la expresión «en todo caso» utilizada por la norma inclina a pensar que la exención del requisito de pensión compensatoria actúa siempre y en toda hipótesis a favor de las víctimas de violencia de género, …
Ha de reconocerse la dificultad de conciliar tal interpretación -literal- con la cualidad de «renta de sustitución» que corresponde a la pensión de viudedad tras la reforma llevada a cabo por el art. 5.3 de la Ley 40/2007 ( RCL 2007, 2208 ) … Ahora bien, con todo y con eso, lo cierto es que median una serie de razones que nos llevan a acoger a pesar de todo la tesis abonada por la literalidad de la norma: a) en primer lugar, la rotundidad del mandato legal, que si efectivamente respondiese a lo que pudiera ser su más lógica finalidad [corregir una posible voluntad viciada en la renuncia -o limitación- a la pensión compensatoria], bien fácilmente hubiera podido aludir a la presunción y a los medios que la enervasen; b) tampoco parece desatinado pensar que las dificultades casuísticas que pueden presentarse [lo demuestran los supuestos que en este procedimiento se comparan; y son fácilmente imaginables otros muchos de mayor complejidad] hubiesen precisamente movido al legislador a hacer tabla rasa y a optar por un pronunciamiento general de inexigibilidad del requisito para las víctimas de la violencia de género, con la contundencia literal -«en todo caso»- con que lo hizo; c) no debe olvidarse el aforismo de que donde la ley no distingue no debe distinguir el intérprete, máxime cuando se trata de restringir derechos que la misma establece…”.
Esta Sala del TSJ de Aragón, en sentencia de 23-5-2012, r. 220/12 , se ha pronunciado también al respecto, en el mismo sentido: “El citado precepto legal pretende beneficiar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, existiendo un nexo entre dicha violencia y la separación o divorcio, patentizado en la exigencia de que esta violencia exista en el momento de la separación o divorcio. Si la mujer no hubiera sido víctima de la violencia de género y no se hubiera separado o divorciado, al fallecer su marido hubiera devengado la pensión de viudedad. No se debe hacer de peor derecho a la mujer víctima de violencia de género que, ante dicha situación, se separa o divorcia, por lo que no debe exigírsele el requisito relativo a la pensión compensatoria. Y si la demandante era víctima de violencia de género cuando se dictó la sentencia de separación, el hecho de que posteriormente, cuando la convivencia matrimonial ya estaba rota, se dictase sentencia de divorcio, sin que en dicho momento se haya probado que continuase la violencia de género, ello no debe impedir el reconocimiento de la pensión de viudedad porque esta existía cuando se separó. La interpretación literal y teleológica del art. 174 .2 de la LGSS apoya esta conclusión porque se refiere alternativamente al “momento de la separación judicial o el divorcio”, por lo que, al haberse acreditado la existencia de violencia de género en el momento de la separación, forzoso es concluir que concurren los requisitos para el devengo de esta pensión de viudedad, debiendo desestimar el recurso interpuesto, confirmando la sentencia de instancia”.
CUARTO
.- En consecuencia, probado, según declara el Hecho Séptimo de la recurrida, que la demandante fue víctima de violencia de género por parte de su fallecido esposo, habiendo presentado denuncias por ese motivo en 1999 y en 2000 y recibido por la misma causa asistencia psicológica, separándose, mediante sentencia en la que no se fijó pensión compensatoria, en septiembre de este último año, es acreedora a la pensión solicitada, tras el fallecimiento de su esposo en agosto de 2012.
Inexistentes pues las infracciones legales denunciadas en el recurso, procede su desestimación y la confirmación de la sentencia impugnada.
En atención a lo expuesto, dictamos el siguiente
F A L L O
Desestimamos el recurso de suplicación núm. 479 de 2.013, ya identificado antes y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de que:
– Contra la misma pueden preparar recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo por conducto de esta Sala de lo Social en el plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia.
– El recurso se preparará mediante escrito, firmado por Letrado y dirigido a esta Sala, con tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a efectos de notificaciones.
– En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita, deberá, al momento de preparar el recurso y en el plazo de diez días señalado, consignar la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de formalizar el recurso de casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 600 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco Español de Crédito (Banesto), debiendo hacer constar en el campo “observaciones” la indicación de “depósito para la interposición de recurso de casación”.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.