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El informe al Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria propone mantener el control del juez sobre las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el jueves 27 de febrero por unanimidad su informe sobre el anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, en el que se propone mantener el control del juez en los casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo, así como la presencia de un abogado en este tipo de expedientes cuando los tramiten los notarios.

El texto, cuyos ponentes han sido los vocales Mar Cabrejas y Vicente Guilarte, considera que la competencia para celebrar un matrimonio –que el Anteproyecto extiende a los notarios– no debe amparar la de disolverlo, al argumentar que “son realidades absolutamente diferenciadas”.

Asimismo, el borrador recoge que debe seguir siendo preceptiva la intervención de un abogado en este tipo de expedientes, así como en todos los relativos a la capacidad de las personas, menores y familia en general.

También sugiere que continúen siendo las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita –y no los notarios o los registradores en los expedientes que tramiten– las que valoren la concurrencia de los requisitos relativos a la insuficiencia de recursos económicos que dé derecho a esta prestación.

De este modo, se recomienda específicamente la presencia de abogado en los expedientes notariales de separación y divorcio de mutuo acuerdo, considerándose imprescindible que cada parte esté asistida en todo caso por su propio letrado.

Respecto al requisito de la edad para contraer matrimonio, que pasa de 14 a 16 años, el borrador pide mantener un cierto grado de discrecionalidad judicial, como en determinados casos ocurre actualmente.

También aboga porque, en los casos de algunos expedientes cuya tramitación se atribuye en exclusiva a notarios y registradores, se aplique el arancel correspondiente a los documentos sin cuantía que los acerquen, en cuanto a su coste para el usuario, a los tramitados en sede judicial, carentes de tasa.

Por último, el texto propone mantener exclusivamente en el ámbito jurisdiccional las reclamaciones de deudas dinerarias no discutidas, lo que justifica en la “ineludible necesidad” de que sea el juez quien controle –a través de su competencia para inadmitirlo- la propia admisión de la petición y la suficiencia de la documentación presentada por el acreedor, cada vez más compleja.

En este sentido, el borrador destaca la necesidad de un riguroso control previo por parte del órgano judicial de la suficiencia y adecuación de los documentos y recuerda que el control de la información que se facilita al deudor para conformar su voluntad de aceptar o no la reclamación efectuada es esencial.