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    • Integrada por más de un centenar de instituciones sociales y jurídicas, recauda fondos para dar a conocer la vasta envergadura de la discriminación masculina en los procesos de familia..
    • La plataforma de profesionales Papi, en comunión con las organizaciones pro derechos fundamentales, pone en marcha esta campaña en torno a un vídeo-proyecto que desenmascara verdaderas atrocidades cometidas en aplicación de la ideología de género en este país.

 

Para divulgar  la insostenible situación de los hombres españoles en los procesos de familia Papi ha realizado un vídeo-proyecto de 23 minutos que cuenta desde su inicio con la supervisión y principal asesoramiento de la PCI (Plataforma Ciudadana por la Igualdad), y cuyo título –‘No te vayas, papá’– da nombre a la campaña.

En el vídeo se sintetizan y acreditan algunos de los contenidos y hechos que se abordarán con mayor profundidad en un futuro largometraje documental.

Papi (Profesionales del Arte y la Publicidad contra la Iniquidad) nace como consecuencia de la sistemática violación de los derechos fundamentales del varón y sus hijos en España. Y como corolario, los de toda su familia extensa. Todas las organizaciones que amparan este emprendimiento vienen, desde siempre, siendo objeto de injurias, censura e infamias ante los medios de comunicación. Cualquiera que ose desterrar este daño social es calificado personalmente de machista, defensor de maltratadores, acosado, perseguido, represaliado y aplastado por su supuesta contraposición a los “derechos de la mujer”.

Sin embargo, nada está más lejos de la realidad que estas acusaciones. De hecho, estas organizaciones están plagadas de mujeres, de asociaciones feministas, o incluso de mujeres que realmente son o han sido víctimas de violencia de pareja, que se ven aún más indefensas por estas políticas y leyes. Aseveran que se están provocando daños irreparables y generando más y mayores conflictos de pareja.

Asociaciones que defienden la custodia compartida de los hijos, demostrada mundialmente del bien superior del menor y social, pero que el lobby “de género” se empeña en calificar como “otra forma de violencia de género” (dando conferencias bajo este título).

A esta campaña se están uniendo ya instituciones desde otros países

Figuran entidades que luchan por los derechos fundamentales del menor, usurpado por privilegios para su madre, la mujer. Organizaciones de Abuelos separados de sus nietos, de hijos separados de sus padres, de padres víctimas de la alienación de sus hijos contra ellos, mujeres y hombres juristas, especialistas de gran prestigio que denuncian todo un entramado descabelladamente discriminatorio, terriblemente dañino, profesionales organizados para la protección contra grupos sectarios, coercitivos, y un largo etc.

A esta campaña se están uniendo ya instituciones desde otros países, que consideran de urgencia destapar los estragos que la perspectiva de género está causando en un país que se toma como ejemplo de actuación pro igualdad, ya que desde los poderes políticos, jurídicos y mediáticos se está empujando con fuerza para implementar estos métodos en todo el mundo sin prestar atención a sus terribles consecuencias. Se está permitiendo y coadyuvando que el poder otorgado al “feminismo de género”, incrustado en España, controle los poderes públicos y administrativos, manteniendo a los medios de comunicación españoles subyugados, desde hace ya más de una década, a guardar silencio frente a esta gravísima violación sistemática de los Derechos Fundamentales de la población civil, con consecuencias devastadoras.

En este video proyecto se puede ver ya, con documentación acreditativa, que en España, no solo se ha aplicado contra el hombre el “derecho penal de autor” (propio de sistemas segregacionistas), considerando una acción como delito, sola y exclusivamente, si la lleva a cabo un varón, sino que además, se ha legalizado la palabra de una mujer como prueba suficiente para condenar al acusado sin ni siquiera necesidad de evidencia. Para un español son delitos el hecho de decir “vete a la mierda” o “te vas a enterar” a su pareja si ésta es mujer, y aún en el marco de una discusión acalorada y mutuamente consentida. Incluso, aunque parezca parodia, llegar a ventosear delante de ella. Existen hombres con meses de prisión por algunas de estas cosas.

Profesionales del ámbito jurídico y forense son represaliados tras efectuar abiertamente declaraciones sobre el alarmante volumen de denuncias fraudulentas, infundadas, o incluso ridículas, a título de la llamada violencia de género. Hecho que es negado oficialmente con tendenciosas supervisiones carentes de seriedad, y a pesar de los estudios rigurosos sobre los mismos informes oficiales que, entre otras cosas, muestran que son solo una minoría las denuncias que terminan en condena, y que de estas, la mayor parte lo hace sin garantías legales.

Pero estos hombres inocentes, muchísimos cientos de miles, son ya encarcelados, tratados como delincuentes, apartados de sus hijos, vida y propiedades, despojados de sus derechos fundamentales y oprimidos más allá de la desesperación propia que precede al suicidio, que termina con una alta cifra de ellos. Cifra que, de seguro, habrá que computar por millares y cuyo parámetro se eliminó hace años con la intervención del Instituto de la Mujer en estas estadísticas.

La simple denuncia evita la custodia compartida

Lejos de atender estos alarmantes hechos se sigue presionando a las mujeres para que denuncien a la mas mínima, y es que el número de denuncias formuladas, solo el hecho de ser formuladas, es el principal parámetro de financiación en esta materia para las instituciones, y conlleva beneficios y privilegios de todo tipo para la denunciante. Se ha instrumentalizado la ley con fines espurios. La simple denuncia evita la custodia compartida, desautoriza al padre en colegios, hospitales… incluso provoca la suspensión del régimen de visitas en algunas Comunidades Autónomas.

Pero toda esta escabechina y trampa legal, bajo ningún concepto se ciñe a los casos de presunta violencia, ya que la llamada “discriminación positiva” la extiende con atrocidad a cualquier contencioso de divorcio. Utilizándola como herramienta los niños son separados de su padre, abuelos, familia extensa, y sometidos a maltrato de todo tipo, manipulaciones contra el progenitor no custodio y otros trastornos. Auténticos traumas que difícilmente superarán a lo largo de su vida.

Tanto a nivel legal como administrativo, se ha creado un halo de impunidad a la madre, provocando que incluso el incumplimiento del régimen de visitas por su parte rara vez tenga consecuencias de ningún tipo para ella.

Este trabajo audiovisual se puede ver en papi.org.es, espacio web de la campaña desde el que se recogen firmas y se recaba apoyo financiero para la realización del largometraje. Su realización, difusión y presentación ante los organismos legales internacionales, junto con informe bien documentado, depende del éxito en la financiación de esta campaña, que se alimenta fundamentalmente de las contribuciones voluntarias de los millones de afectados. Y es que solo la fuerza de su unión, desde el empuje individual y anónimo, pero colectivo, podrá enfrentarse a una industria basada en la manipulación deliberada de la realidad del maltrato doméstico, que mueve miles y miles de millones de euros y que articula además los intereses de poder.

Cáritas Diocesana ha dicho en varias ocasiones que el 80% de los usuarios de sus comedores benéficos son padres separados o divorciados y, según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, el 80% de las personas sin hogar son hombres y la separación o divorcio es una de las dos causas principales, aventajada solo por la pérdida de empleo (crisis). Según los propios datos del INE, la ruptura familiar incrementaba la tasa de suicidios de varones de 6 a un mínimo de 38 a principios del milenio. Iba en ascenso, y las enormes lagunas en el cómputo de estas víctimas, ocultan cifras absolutas que multiplicarían por mucho a las causadas por desahucio, y que tanto alarmaron a España. ¿Porqué, lejos de estudiar este fenómeno tras el radical endurecimiento de estos métodos, no se ha vuelto a reflejar nunca el estado civil de estas víctimas? Nos enfrentamos a un problema de salud pública realmente inquietante.