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CARTA ABIERTA A LOS DISTINTOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE COMPITEN EL 20-D, AL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, A TODOS LOS ABOGADOS Y A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA: LA RENUNCIA A LA INDEPENDENCIA Y LA LIBERTAD DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA. (por Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS)


 

La Constitución Española, en su artículo 10.2, relativo a los Derechos y Deberes Fundamentales, indica que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 11.1, indica que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. “

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 47 dice que “se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia”.

Reconozco no haber leído las promesas o programas electorales de los distintos partidos

políticos que piden nuestro voto este 20 de diciembre. Sin embargo, los que tengan la responsabilidad de formar nuevo gobierno, entre sus obligaciones tendrán que reflexionar sobre el mundo del derecho y de la justicia en general. Dejarlo como está, o modificar leyes o instrumentos jurídicos. Muy a menudo oímos que la justicia necesita más medios, porque los pleitos son muchos, y cada día son más, pero, ¿ y si una alternativa fuera reducirlos ?.

Una de las patas de la justicia, y de la cual son directamente responsables los poderes públicos, es la JUSTICIA GRATUITA.

Sin embargo, salvo mejor criterio u opinión, va ligada, principalmente,  a PROBLEMAS SOCIALES. Sí, en nuestra sociedad, en España, hay PROBLEMAS SOCIALES, y muchos. Y esto es lo que dice el artículo 119 de la Constitución Española:

“La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.”

Por lo tanto, si hubiera MENOS PROBLEMAS SOCIALES, habría menos necesidad de JUSTICIA GRATUITA.

Lo malo es que este derecho constitucional lo paguemos los ciudadanos con el sistema Cáritas: se les paga una limosna a los abogados y procuradores que “libremente” atienden este servicio.

Veamos lo que pensaba un Colegio de Abogados, el Iltre. Colegio de Abogados de

Zaragoza en 2.001.

 

”Juicios de separación matrimonial o divorcio contenciosos”… 1.262,13 euros

http://www.cvca.es/doc/comh2001.pdf

Y esto es lo que contemplaba el Real Decreto 1455/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio.

Para un “Juicio Completo de Familia Contencioso”……………      200,- euros.

http://www.cvca.es/doc/comh2001.pdf

Ahora veamos las características de la abogacía y del ejercicio de dicha profesión.

Esto es lo que dice el artículo 1 del Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española La abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia.

Y esto se confirma en el artículo 26, sobre obligaciones profesionales de estos profesionales, en el Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita

“1. Los profesionales inscritos en los servicios de justicia gratuita desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las reglas y directrices que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.

  1. Los abogados y procuradores designados de oficio desempeñarán sus funciones de forma real y efectiva hasta la finalización del procedimiento en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.

Sólo en el orden penal podrán los abogados excusarse de la defensa, en los términos previstos en los párrafos segundo y tercero del artículo 31 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

  1. Para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido o preso, no será necesario que ésta acredite previamente carecer de recursos económicos, pero el abogado que le asista deberá informarle sobre su derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita.”

Por no cansarles a Uds., en el Código Deontológico, adaptado al Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, el artículo 2 habla de “INDEPENDENCIA”, y el 3 habla de “LIBERTAD DE DEFENSA”.

Dos características tiene, sin género de dudas, el ejercicio de la abogacía:

  • LIBERTAD

Sin embargo, se desconoce por esta parte si ha habido alguna reacción por el mundo de la abogacía, CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA, CONSEJOS AUTONÓMICOS DE COLEGIOS DE ABOGADOS, COLEGIOS DE ABOGADOS o ABOGADOS A TÍTULO PARTICULAR, pero esa “INDEPENDENCIA” y “LIBERTAD” la han perdido cuando se aprobó el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. En efecto, es en su artículo 2,  Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que en su punto uno se añade la siguiente letra, la “g”. Por no aburrirles, les resumo lo que es importante sobre este tema en relación a la credibilidad de la abogacía en general:

“A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere este apartado”.

Se desconoce por esta parte si algún abogado de turno de oficio se ha rebelado contra esta “imposición” a la abogacía en general, pero lo que procede es que el gobierno que salga de las urnas este veinte de diciembre de dos mil quince, o bien modifica este artículo, hablando de presuntos delitos, lo que sería una chapuza, o bien, por lógica, ¿ por qué no ?, ya damos carta de naturaleza a esta prueba: UNA VEZ QUE EL JUEZ RECIBA LA DENUNCIA, LA QUERELLA O SE INICIE UN PROCEDIMIENTO PENAL DICTE SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA EL DENUNCIADO SEÑALADO POR LA VÍCTIMA.

Porque si los abogados tragan con esto, ¿ por qué los jueces tienen que ser distintos ?.

De esta manera, ahorraremos mucho dinero en juicios, y no hará falta incrementar el presupuesto de justicia.

Porque lo que es tremendo es que los abogados actúan con agresividad contra muchos padres de familia y no luchen contra los políticos que quieren una justicia gratuita “low cost”, o de ONG sin ánimo de lucro, o tipo Cáritas,  a su costa, y, lo que es peor, habiendo perdido su “independencia” y su “libertad” por el camino.

Este escrito va dirigido a todos los padres de familia que han pasado una o dos noches en un triste y sucio calabozo con una simple denuncia de una mujer, que luego ha sido archivada o sobreseida. ¿ Se lo contarán los políticos a los niños ?.

El próximo puede ser Ud., no lo olvide.

Sobran más palabras, más razonamientos, pero ser hombre y padre es correr un riesgo terrible sin red en este país llamado España.

Atentamente,

 

Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.

En Burgos, a quince de diciembre de 2.015.