Solicita la dimisión del Decano de Procuradores de Madrid por invitar a Juana Rivas, imputada por la Fiscalía por sustracción de menores

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¿INVITARÍA A UN IMPUTADO POR VIOLACIÓN A HABLAR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES?… PUES EL COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID INVITA A UNA IMPUTADA POR SUSTRACCIÓN DE MENORES A HABLAR DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

El 25 de enero de 2018 el Colegio de Procuradores de Madrid celebró el II Debate sobre los Derechos del Menor, Violencia de Género y Delitos de Odio, e invitó a Juana Rivas a participar en la mesa redonda «Los menores en el pacto de violencia y Juana Rivas, su versión», haciéndolo en compañía de María Granizo Palomeque, Vocal 8º de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, de Francisca Granados, autotitulada «asesora Legal» de Juana Rivas y de la Diputada socialista Ángeles Álvarez, miembro de la Comisión de Igualdad del  Congreso de los Diputados.

Tal acto ha provocado el malestar de gran parte de los procuradores de Madrid pues es un auténtico despropósito presentar a Juana Rivas, acusada de dos delitos de sustracción de menores, como modelo de madre y como ejemplo de la garantía de los derechos de los niños.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para Juana Rivas, acusada de sustraer a sus dos hijos

La madre granadina, acusada de dos delitos de sustracción de menores, se atrevió a cuestionar gran parte de los procedimientos de su caso y olvidando que ella fue la que secuestró a sus dos hijos, y se vendió como víctima afirmado que “como tantas mujeres maltratadas, creí en las promesas de mi exmarido y volví con él; luego descubrí que era una trampa. Recurrí a las instituciones para recibir apoyo como víctima de violencia de género.”

Y es que el caso de Juana Rivas SE NOS HA QUERIDO VENDER COMO UNA GUERRA DE SEXOS ENTRE LA MADRE –MUJER- Y EL PADRE –HOMBRE- CUANDO EN EL FONDO LO QUE HA HABIDO ES UNA GUERRA EMPRENDIDA POR LA MADRE CONTRA EL DERECHO DE SUS HIJOS A TENER CONTACTO CON SUS DOS PROGENITORES. Y es que olvidan que la víctima legal del delito de sustracción no es el marido, sino los dos hijos menores a los que Juana Rivas retuvo en España en contra de lo establecido en cinco sentencias.

Por eso resulta escandaloso que el Colegio de Procuradores de Madrid, que como factor jurídico que es debe velar por el cumplimiento del derecho y el acatamiento de las resoluciones judiciales, haya prestado su institución a tan innoble fin como el de presentar como modelo de conducta «protectora de la infancia» a Juana Rivas. Y es que debemos recordar que el Ministerio Fiscal solicita dos condenas de 2 años y 6 meses cada una por dos delitos de sustracción de menores, por cuanto Juana Rivas «consciente» de las resoluciones judiciales (de hasta cinco resoluciones) y «con ilícito ánimo de incumplirlas» permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y «a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos». Sin embargo, y a pesar de todo esto el Colegio de Procuradores permitió que Juana Rivas cuestionara, con medias verdades y groseras mentiras, gran parte de los procedimientos de su caso.

Desde luego, si al Decanto del ICPM, don Gabriel Mª de Diego Quevedo, le quedará un mínimo de dignidad colegial, debería presentar su inmediata renuncia. Lo mismo que la Comunidad de Madrid debería cesar al Consejero de Justicia, Ángel Garrido García, por ceder sus instalaciones a estos aquelarres de género que difunden «consignas políticas» contrarias a nuestro derecho. Y es que todos los intervinientes en el acto olvidaron que España es parte del Comité de los Derechos del Niño, y que en la Observación General nº 14 de 2013, aprobada por el Comité de los Derechos del Niño se dice expresamente que «Al evaluar el interés superior del niño, el juez debe tener en cuenta el derecho del niño a conservar la relación con ambos progenitores»

Ya es hora de que la sociedad española se despierte y arroje lejos de sí el manto de silencio y de censura que quiere imponer la ideología política de género, que se ha convertido en el opio de los infelices, de los frustrados y de los incompetentes.

Por esto te pedimos que firmes nuestra petición y pidas la dimisión del Decano del Colegio de Procuradores de Madrid por invitar a una imputada por sustracción de menores a la que la Fiscalía pide cinco años de prisión.

Solicita la dimisión del Decano de los Procuradores por invitar a Juana Rivas

Excmo. Sr. D. Gabriel Mª de Diego Quevedo, Decano del Ilustre Colegio de Procura

Excmo. señor,
El pasado 25 de enero de 2018 el Colegio de Procuradores de Madrid celebró el II Debate sobre los Derechos del Menor, Violencia de Género y Delitos de Odio. E invitó a Juana Rivas a participar en la mesa redonda «Los menores en el pacto de violencia y Juana Rivas, su versión», así como a Francisca Granados, autotitulada «asesora legal» de la misma.
Como sin duda sabrá Juana Rivas está actualmente imputada por dos delitos de sustracción de menores, al negarse a entregar a su marido a los hijos comunes, desobedeciendo así 5 resoluciones judiciales españolas.
Igualmente, en referencia a Francisca Granados, como sabrá por la prensa lleva meses presentándose como «asesora legal» de la tal Juana Rivas. Fue tanto el escándalo que causó en la opinión pública su desacertado asesoramiento que en agosto pasado tuvo que intervenir el Consejo General de la Abogacía para informar que la tal Francisca Granados «no ostenta por tanto la condición de letrada, por lo que no está legitimada para ejercer ninguna de las funciones inherentes al ejercicio profesional de la abogacía» y «En consecuencia, cualquier actuación suya en este ámbito se encontraría al margen del debido control deontológico y de cumplimiento de los deberes profesionales que realizan los Colegios de Abogados y este Consejo General, dentro de las misiones que tienen encomendadas».
A pesar de todo esto, el Ilustro Colegio del que es Decano no dudó en invitar a estas dos mujeres, trasladando así a la opinión pública la idea de que la ciudadanía debe tomarse la justicia por su mano y no está obligada a cumplir las resoluciones judiciales. Y trasladando igualmente que se puede hacer las funciones de «asesora Legal» sin estar debidamente colegiada, haciendo así un flaco favor a sus compañeros abogados.
Entiendo, por ello, que la actitud más digna, por su parte, sería dimitir, pues es triste que una institución de tanto prestigio acabe amparando a este tipo de personas que pretenden justificar la desobediencia y que esparcen soflamas políticas para justificar la crianza de los niños alejados de sus progenitores varones. Y todo ello contraviniendo nuestra propia legislación y lo acordado por organismos internacionales de los que somos parte, como el caso del Comité de los Derechos del Niño, que en su Observación General nº 14 de 2013 acordó que «Al evaluar el interés superior del niño, el juez debe tener en cuenta el derecho del niño a conservar la relación con ambos progenitores».

Esperando atienda mi reclamación

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