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De esta forma la Junta de Andalucía esta fomentando la sustracción de menores. Aplicando las nuevas doctrinas feministas parece que una mujer no puede delinquir, no puede secuestrar y no puede mentir. Sin embargo las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial informan sobre los numerosos delitos cometidos por mujeres (entre ellos la sustracción de menores).


 

La consejera de Igualdad y Políticas, María José Sánchez Rubio, ha asegurado que la Junta buscará el modo para que “normativamente” pueda prestar ayuda destinada a la asistencia jurídica en Italia de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que será juzgada en junio por sustracción de menores después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregar a sus hijos al padre.

En la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, la consejera ha lamentado que las acciones de la Junta en torno a este “dramático” tema se vean “encorsetadas” por el hecho de Juana se haya desplazado a Italia y de que el padre sea quien tiene la tutela de los menores.

De esta manera la consejera esta criticando a la justicia que dió la custodia de los menores al padre, por entender que el interés de los menores aconsejaban apartarlos de una madre que puso en riesgo a los menores al secuestarlos.

Sánchez Rubio ha explicado que se buscarán “mecanismos” para ayudar, posiblemente a nivel económico, a la madre en la asistencia letrada, porque la asistencia jurídica en casos similares es gratuita en Andalucía, pero este derecho se desactiva en otros territorios. Es decir que según la consejera todos los andaluces tendrán que pagar los gastos de una presunta delicuente que sin escrúpulos secuestro a sus propios hijos, los escondió, evitó que estos tuvieran contacto con su padre, e incumplió reiteradamente los requerimientos judiciales.

“Tenemos que ver cómo, normativamente, podríamos amparar la posible ayuda para la asistencia letrada aquí o allí, pero hay que darle norma, porque la norma tal y como está delimita dónde y cómo”, ha dicho la consejera.

Igualmente la consejera ha asegurado que Juana  ha tenido “acceso a todos los servicios al igual que el resto de mujeres víctimas” olvidándose que en esta caso la mujer no es la víctima, sino que la víctimas han sido unos menores secuestrados, y un padre que no vivía por no poder saber donde estaban sus hijos, y si estos seguían vivos o no.

Igualmente la consejera ha confesado que la presunta delincuente se aprovechó de dinero público ya que Rivas tuvo acceso a la asistencia jurídica gratuita y a ayudas económicas que “al salir fuera dejó de percibir”. Lo que no ha aclarado la consejera es que si Juana es condenada se le pedirá el reintegro de todas las ayudas, pues en derecho hay un principio que dice que nadie se puede aprovechar de su propio delito.

Sánchez Rubio ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz comparte la “frustración” que pueda tener la sociedad respecto a este tema porque “se escapa” la posibilidad de intervenir o de “apoyar con más amplitud” a Juana Rivas, pero no ha dicho nada sobre la frustración de miles de madres y padres que ven como la Junta de Andalucía protege a una presunta secuestradora.

Según Elena Cortés (de Izquierda Unida) los menores  están en situación de grave riesgo al estar con su padre, sin embargo nada dice de la situación de riesgo en que estuvieron los menores mientras duró el secuestro.

Cortés ha afirmado que “hay que cambiar muchas cosas y modificar muchas leyes” pero la prioridad del Gobierno andaluz debe ser “impedir que una andaluza y unos menores andaluces estén en situación de desamparo” porque, según ha comentado, Rivas se sustenta económicamente a través de ayudas, es decir que según esta señora que unos niños estén con su padre es igual a situación de desamparo, pero que unos niños permanezcan en paradero desconocido no debe ser una situación de desamparo, siempre que la secuestradora sea mujer y andaluza.

Ciudadanos, como siempre, se ha subido al carro y doña  Marta Bosquet ha valorado positivamente la posibilidad de que se estudie la manera de que lleguen “todos los recursos posibles” en forma de ayudas económicas a Rivas para su asistencia jurídica en Italia porque un turno de oficio en ese país sería algo “sumamente difícil”. Es decir que según ciudadanos hay que apoyar a una mujer que ha desobedecido resoluciones judiciales, y que presuntamente ha secuestrado a sus hijos. Después Ciudadanos pedirá que los nacionalistas catalanes cumplan con las resoluciones judiciales (aunque tal vez si eres nacionalista y mujer es posible una excepción al cumplimiento de la ley).

La diputada de Podemos Esperanza Gómez, por su parte, ha invitado a la Junta a que busque una “solución imaginativa” para que Rivas pueda contar con un abogado en Italia porque “ella no tiene medios y ha perdido la ayuda que recibía”. En esta línea, también le ha exigido “esfuerzo” dentro del proceso en el que está envuelto la madre de Maracena porque “sus niños están con un maltratador”. Además, resaltado uno de los “mayores problemas” que es, a su juicio, que Juana Rivas se puede enfrentar a una condena por sustracción de menores después de que ella decidiera “traerse a los niños porque entendió que estaban en peligro”. Es decir, para Podemos secuestrar a una menores es traerse a los niños.

El asunto de Juana Rivas está pasando de castaño a oscuro, pues algunos pretenden justificar la sustracción de menores, el incumplimiento de resoluciones judiciales, y el aprovechamiento interesado de los fondos públicos.