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La Comisión Permanente considera que existe una “auténtica campaña de hostigamiento” contra la magistrada para influir en el contenido de sus resoluciones por parte de los miembros de una asociación cuyo tesorero es parte en varios procedimientos

La Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción acusa a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 28 de Madrid de irregularidades para no conceder custodias compartidas.


La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy otorgar el amparo solicitado por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 28 de Madrid frente a las actuaciones de un particular que es parte en varios procedimientos que se tramitan en el órgano judicial y de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, de la que el anterior es tesorero.El órgano de gobierno de los jueces considera que “existe una auténtica campaña de hostigamiento contra la magistrada” con el objetivo de influir en el contenido de las resoluciones que debe dictar en los procedimientos en materia de familia en los que es parte el tesorero de la asociación y afirma que algunos de los comportamientos desarrollados por los miembros de ésta “rebasan el límite de lo que puede considerarse admisible y tolerable”.

Entre los hechos que se consideran acreditados, la Permanente señala el reparto en la puerta del edificio donde tiene su sede el Juzgado de octavillas en las que se decía que la magistrada había falsificado más de 750 informes psicosociales y era una presunta prevaricadora.

Además, “se encuentra acreditado que la asociación ha desplegado una intensa campaña mediática –en varios diarios digitales- con el objeto de desacreditar a la magistrada y de influir en sus resoluciones judiciales. Tanto es así que se solicita por la asociación la inhabilitación y expulsión de la carrera judicial de la magistrada, llegándola a acusar de hechos delictivos al afirmar que ha procedido a alterar, junto con otras personas, informes psicosociales de manera sistemática y continuada durante diez años para decidir custodias de niños”.

En el expediente consta también un escrito remitido por los funcionarios del Juzgado en el que muestran su apoyo a la magistrada y a su trabajo, manifiestan su rechazo a las “graves, falsas y calumniosas acusaciones” vertidas contra ella y afirman ser testigos “del acoso al que periódicamente se ve sometida”.

“Comportamientos como los descritos rebasan el límite de lo que puede considerarse admisible y tolerable, ya que constituyen un modo de proceder que contribuye a generar, en la opinión pública y ciudadana, una sensación de desasosiego o descrédito respecto de las decisiones judiciales que ningún beneficio producen a la sociedad en su conjunto y que solo contribuyen a socavar el prestigio y reconocimiento de la labor de los órganos judiciales”, afirma la Permanente.

Por todo ello, la Comisión Permanente acuerda otorgar el amparo solicitado por la titular del Juzgado frente a las actuaciones desarrolladas por el tesorero y otros miembros de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, “instando de los mismos el cese o la abstención en el futuro de cualquier acto que perturbe el ejercicio independiente de la función jurisdiccional de la magistrada”.