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Según el programa electoral del PSOE en ningún caso se le otorgarán derechos de visita ni custodia a maltratadores condenados.


La responsabilidad de aprobar la primera reforma legislativa adscrita al Pacto de Estado contra la Violencia de Género pasa a manos del nuevo Gobierno socialista liderado por Pedro Sánchez, después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy la haya dejado pendiente durante su último mandato, que finalizó el pasado viernes al prosperar una moción de censura contra el líder del PP.

El anterior Gobierno tenía previsto presentar “próximamente” la modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral del año 2004 que, entre otras cosas, contemplaba ampliar el concepto de violencia de género e incluía la suspensión imperativa del régimen de visitas a los maltratadores. De hecho, fuentes del Ministerio de Sanidad confirmaron a Europa Press que el anteproyecto iría a Consejo de Ministros durante el mes de mayo, sin embargo, finalmente no ha visto la luz.

Los partidos de la oposición, incluido el PSOE, han sido muy críticos con la actitud del PP, al que han reprochado en varias ocasiones que, tras seis meses desde su aprobación, no hubiera puesto en marcha ninguna de las 213 medidas que se aprobaron en la Cámara Baja el pasado mes de septiembre. Según argumentaba el Gobierno de Mariano Rajoy, el acuerdo entró en vigor en diciembre con la firma de las comunidades autónomas, por lo que el plazo no había vencido todavía y tenía margen hasta el verano.

Es más, los socialistas impulsaron en el Congreso la creación de una comisión de Seguimiento del Pacto con el objetivo de que la Cámara baja pueda controlar al Gobierno en la puesta en marcha de las medidas y la utilización del dinero destinado a tal fin –200 millones– en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. Se da la circunstancia de que este órgano está presidido por la diputada del PSOE Pilar Cancela, quien, a partir de ahora, liderará este control a un Gobierno de su propio partido.

Pero tanto la delegada del Gobierno para la Violencia de Género en funciones, María José Ordóñez, como el secretario de Estado de Igualdad y Servicios Sociales en funciones, Mario Garcés, insistieron en que el anteproyecto ya estaba redactado y preparado para presentarse ante el Consejo de Ministros, pero recalcaban su complejidad, ya que algunos cambios llevaban aparejados una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.

Entre otras cosas, el cambio normativo pretendía adecuar el concepto de violencia machista al Convenio de Estambul. En este acuerdo internacional se reconoce como tal otras formas de violencia contra la mujer como la mutilación genital femenina, matrimonio y esterilización forzosos, trata, explotación sexual y acoso y agresión sexual.

CAMBIOS PREVISTOS EN EL PROGRAMA ELECTORAL

Según el programa electoral de junio de 2016, el PSOE quiere “proceder, de manera inmediata, a la reforma de la legislación” para garantizar “la obligatoria suspensión del régimen de visitas de menores por parte de progenitores o tutores legales que estén cumpliendo condena por violencia de género con el objetivo de que éstos no se conviertan en instrumentos de maltrato en manos de sus padres”.

“En ningún caso se le otorgarán derechos de visita ni custodia a maltratadores condenados”, agrega el PSOE en dicho texto, en que rechaza la custodia compartida impuesta “especialmente, en supuestos de violencia de género para garantizar el derecho superior del menor y para que éste no quede en ningún caso desprotegido”. “En consonancia con el Convenio de Estambul, el juez podrá suspender la guarda y custodia y el régimen de visitas cuando haya indicios de delito de violencia de género”, señala.

Asimismo, el PSOE propone en su programa electoral “ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras” de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género del año 2004 “para abarcar, con las adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia contra la mujer”, tal como exige la Recomendación General número 19 de la CEDAW y el Convenio de Estambul que España ha ratificado.

Otras medidas del PSOE para luchar contra la violencia machista es poner en marcha el acompañamiento Judicial Personalizado en los Juzgados Especializados en Violencia de Género, publicar la lista de maltratadores con sentencia firme, establecer protocolos de intervención específicos para atender a mujeres que han retirado la denuncia e incorporar al currículo la formación específica en Igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas.