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Con la disculpa de una actuación judicial muy concreta, y en todo caso no extrapolable a otros casos, asistimos a un nuevo asalto contra el principio de presunción de inocencia y contra las garantías procesales de un juicio justo.
Desde el entorno de la modelo María Sanjuan se ha iniciado una inasumible campaña de desprestigio contra un Magistrado, campaña a la que lamentablemente se han unido diversas asociaciones como la Fundación Mujeres o la Asociación de Mujeres Juristas Themis .
Desde la Asociación Europea de Abogados de Familia, denunciamos los efectos perversos de este tipo de campañas y el flaco favor que se hace a las auténticas víctimas de cualquier tipo de maltrato, sean del sexo que sea.


Comunicado de la Asociación Europea de Abogados de Familia.- En el día de hoy varios medios han difundido la presentación, por parte de la modelo María Sanjuán, de una queja en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el Magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 7 de Madrid, Ilustrísimo Sr. D. Francisco Javier Martínez Derqui. Igualmente, al parecer, es intención de la modelo formalizar una querella por prevaricación contra el citado magistrado.

El origen de todo está que la citada modelo presentó una denuncia por maltrato contra su pareja y padre de sus tres hijos, Josué Reyzábal, que fue inmediatamente detenido. Más tarde presentó una segunda denuncia que motivó que la jueza María Gracia Parera de Cáceres impusiera una orden de alejamiento e incomunicación que finalmente fue judicialmente revocada por la Audiencia Provincial.

A raíz de estas denuncias el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 7 de Madrid se declaró competente para la tramitación tanto del procedimiento penal como del procedimiento civil para establecer las relaciones parentofiliales, y con tal motivo se celebró una vista para el procedimiento civil de la que se ausentó la citada Sanjuán alegando que ante la noticia de la revocación de la orden de alejamiento le había dado un ataque de ansiedad. Intentó acreditar el mismo por medio de un informe de urgencias del Hospital de La Princesa en el que al parecer no figura ningún dato objetivo de tal situación.

El caso es que al final de la vista el equipo de grabación videográfica del juzgado quedó abierto por un descuido, de manera tal que involuntariamente quedaron grabadas las conversaciones del Juez, la Fiscal y la Secretaria judicial, una vez finalizada la vista. En tales grabaciones se comprueba como los tres (al igual, por otra parte, que la representación letrada del Sr. Reyzábal) estimaban que la denunciante fingía y que no había realizado más que un montaje, manifestando el Juez, ante tales evidencias, que iba a garantizar el derecho de los menores a relacionarse con su padre.

En la citada grabación se observa como los tres interlocutores llaman la atención sobre el estado envejecido del Sr. Reyzábal, y se refieren a la señora Sanjuán como «bicha» y como «hija de puta», a raíz del convencimiento mostrado por la Fiscal y la Secretaria de que todo era falso y consistía en un montaje de la Sra. Sanjuán.

Lo más grave de este asunto es que varias asociaciones (financiadas con dinero público) han utilizado la difusión del video para volver a su campaña a favor de la instauración de un apartheid institucional contra los varones en este tipo de procedimientos. Así, la presidenta de la Fundación Mujeres, María Soleto ha solicitado a los jueces que tomen medidas, que «Esto es algo más que una conversación privada y deja en evidencia sobre qué tipo de opiniones se sustentan las valoraciones judiciales. Más allá de lo grabado, se ve en el caso cómo no se le ocurre retirar las visitas del padre pese a que la víctima está en riesgo»; y la Asociación de Mujeres Themis igualmente ha hecho público que «Los operadores jurídicos están permanentemente cuestionando el testimonio de las víctimas», y ha señalado que el Consejo General del Poder Judicial tiene responsabilidad en los asesinatos machistas.

Por todo ello desde la Asociación Europea de Abogados de Familia no podemos menos que denunciar la nueva campaña de acoso y derribo iniciada por diversas asociaciones con el objeto de socavar aún más nuestro Estado de Derecho. Al respecto, el Presidente de la Asociación Europea de Abogados de Familia (el abogado Javier Pérez- Roldán Suanzes) manifiesta que «nuevamente determinadas asociaciones de género quieren instrumentalizar el dolor que todo proceso de separación conlleva para arrastrar el agua a su molino. Y nuevamente resulta que son asociaciones que de una u otra manera reciben dinero público: dinero de todos los españoles, mujeres y hombres. En el presente caso, como en otros, lo hacen ocultando parte de la realidad, trasmitiendo así a la sociedad, hipersensibilizada en estos temas, una versión grotesca que acaba incitando al odio a los jueces, al sistema judicial y por extensión, a cualquier hombre.

En el presente caso, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta la ilegalidad de la difusión de tal vídeo, que recoge una conversación privada de tres operadores jurídicos a la terminación de un juicio. Aunque esa grabación, por error, fuera a parar a la Sra. Sanjuán, eso no justifica su difusión. Difundirlo puede ser un delito exactamente igual como si el servicio de correos se equivoca e introduce en el buzón de cualquier ciudadano una carta dirigida a un vecino con su historial clínico. Tal error no puede motivar hacer público a toda la vecindad los datos privados de aquel vecino.

Sin embargo, en el presente caso el entorno de la Sra. Sanjuán no ha tenido empacho en hacer público tal vídeo.

Por otra parte, se pretende que las manifestaciones que en el mismo hace el Sr. Magistrados empañan su imparcialidad e independencia, cuando no es así. Y es que si el Juzgador, antes de la celebración del juicio hubiera manifestado un juicio negativo sobre la Sra. Sanjuan; o antes de iniciarse el juicio hubiera tomado una decisión sobre el fondo del asunto, efectivamente hubiera prejuzgado y por tanto hubiera faltado a la debida imparcialidad. Sin embargo no es así: esos comentarios los hace a la finalización del juicio y precisamente como consecuencia de la valoración de la prueba practicada en Sala.

Debemos recordar que los jueces son personas de carne y hueso, y como tal son sensibles a la situación de los justiciables que comparecen en las salas de vistas; y lógicamente, si tras la valoración de la prueba entiende que la denunciante mentía con el único objeto de perjudicar al padre de sus hijos, es lógico que elabore un juicio negativo de la madre. Otra cosa es que para ello utilice un lenguaje más o menos acertado, si bien no debemos olvidar que lo hacía en un ámbito privado.

Así pues, no se puede sacar ninguna conclusión de este incidente, pues no en vano en todos los Juzgados del mundo a la finalización de un juicio es normal que los jueces y fiscales hagan comentarios sobre lo que han visto en la Sala; exactamente igual que lo hacemos los abogados con nuestros clientes.

Lo realmente grave es que determinadas asociaciones quieran instrumentalizar algo tan normal para intentar instaurar un apartheid institucional contra los varones, por medio de la supresión de la independencia judicial para valorar las pruebas. Así la Asociación de Mujeres Themis ha hecho público que «Los operadores jurídicos están permanentemente cuestionando el testimonio de las víctimas», pretendiendo hacer olvidar que precisamente en todo Estado de Derecho se debe presumir la inocencia del inculpado, que solo puede ser condenado si hay prueba en su contra, y que la función principal del Juzgador es, principalmente, cuestionar todas las pruebas, incluido el testimonio de quien denuncia como de quien se defiende. Pretender lo contrario, es decir, pretender que en temas de ideología política de género la mujer nunca miente, es avocar a la supresión del sistema judicial, pues si la denunciante nunca miente no tendría sentido la celebración de ningún juicio. Este sistema que quieren implantar para condenar a un hombre directamente por ser hombre, ya se dio antes en la historia. Era aquel régimen racista del apartheid que condenaba solo por el color de la piel; el régimen comunista, que condenaba solo por pertenecer a una clase social; o el régimen nazi, que condenaba solo por ser judío. Este último régimen creó una institución que era a la vez policía (y detenía) y juez (y condenaba en el acto): las SS. Pues bien, las asociaciones de género parecen querer instaurar una institución similar, pues pretenden que con solo la denuncia de una mujer contra un hombre (sin valorar las pruebas, ni someter a cuestionamiento las mismas) se condene. Y si esto se llega a hacer ¿para qué harían falta los jueces? Bastaría con que la policía detuviera y directamente mandará al penado a prisión. »

Por todo ello, desde la Asociación Europea de Abogados de Familia solicitamos que como se ha hecho en el caso de las grabaciones de Villarejo se proceda a investigar quien es el responsable de la difusión de un vídeo que contiene conversaciones privadas entre interlocutores que no han consentido en su publicación; así como que se estudie si se debe abrir actuaciones contra las Asociaciones de género que aprovechan la menor ocasión para incitar indirectamente al odio, al pretender que todo hombre por el hecho de ser denunciado es culpable, y al pretender con intervenciones públicas coactivas (como la de hacer responsable al CGPJ del asesinatos de mujeres) coartar la independencia judicial. No debemos olvidar que muchas de estas asociaciones – que están haciendo campañas contra los derechos constitucionales a la independencia judicial y a la presunción de inocencia- reciben fondos públicos.